LOS AÑOS NOVENTA: EL COLAPSO DE LA DEMOCRACIA
En 1990 un nuevo
salvador estaba dispuesto a rescatar al país. El famoso escritor Mario Vargas
Llosa prometía reformas económicas neoliberales para reducir el Estado y
promover la empresa privada. Pero su discurso fue desvirtuado por el Apra y la
izquierda quienes, careciendo de cualquier posibilidad de triunfo, apoyaron la
candidatura de un desconocido ingeniero agrónomo descendiente de inmigrantes
japoneses, Alberto Fujimori.
Ya en el poder,
Fujimori sorprendió a todos al imponer un plan radical de reestructuración de
la economía: reducción de aranceles, fomento a la inversión externa y
liberalización del mercado laboral. Anunció también la venta de empresas
públicas para reducir el aparato estatal y generar nuevos ingresos. Se pudo
controlar la hiperinflación y el país reasumió sus compromisos con la deuda
externa.
Pero este primer éxito
económico pronto se ensombreció con el retroceso político. En abril de 1992,
Fujimori disolvió el Congreso y anunció una reforma en el poder judicial. Se
trataba de un autogolpe respaldado por un oscuro plan militar. La frágil
democracia se derrumbaba bajo el pretexto del terrorismo, la injusticia social,
la corrupción y el descrédito de los partidos políticos. Para el desconcierto
de la opinión internacional, el golpe gozó de amplio apoyo popular.
Sendero vio que el
golpe y el autoritarismo del régimen aceleraría su revolución. Sucedió todo lo
contrario: Abimael Guzmán, fundador y líder del movimiento, fue capturado y
exhibido teatralmente. Misteriosamente, Guzmán cooperó luego con el gobierno
exhortando a sus seguidores que se rindieran. Hubo más arrestos de subversivos
y el senderismo empezó a desintegrarse. Al dejarse el caso en manos del
Ejército se empezó a producir todo un récord en violaciones en derechos
humanos. No importaba: el gobierno exhibía el éxito de haber “derrotado” al
terrorismo.
Presionado por los
organismos internacionales, Fujimori tuvo que convocar a un Congreso
Constituyente y dar una fachada más “democrática”. La constitución de 1993 se
diseñó a su medida y se convocaron elecciones. Controlados el terrorismo, la
inflación y el aparato estatal, Fujimori pudo ganar cómodamente con un 64% su
primera reelección en 1995 ante el embajador Pérez de Cuéllar.
De esta manera el
régimen profundizó su autoritarismo y la corrupción a su interior. En esta
etapa (1995-2000) las crisis financieras mundiales y la falta de respuesta del
equipo económico hicieron que el país entrara en una recesión profunda desde
1997. El desempleo y el colapso de muchas empresas solo fueron matizados por el
éxito en la venta de algunas empresas públicas.
Un hecho positivo fue el
arreglo fronterizo con Ecuador y Chile. Sin embargo el régimen demostraba cada
vez más su voluntad de perpetuarse en el poder al aniquilar el estado de
derecho (control del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Sistema Electoral
y la mayor parte de la prensa). En este contexto cualquier fiscalización no
prosperaba. La cúpula militar, por su lado, era fiel cómplice del autoritarismo
y la corrupción.
El objetivo era la
ilegal segunda reelección de Fujimori. Se fraguó un proceso electoral donde el
candidato-presidente contó con todos los recursos del Estado para no dejar el
sillón presidencial. Nadie, ni dentro ni fuera del país, pudo ocultar el
atropello cometido. El 28 de julio de 2000 Fujimori inauguraba un nuevo mandato
que estaba condenado al fracaso. A la
falta de credibilidad se sumó, en menos de 40 días de la juramentación, el
escándalo de corrupción al difundirse un vídeo donde el principal asesor
presidencial “compraba” a un congresista electo para asegurarle mayoría
parlamentaria al régimen.
Luego vendría un cúmulo de destapes sobre la
corrupción organizada por el nefasto personaje desde el Servicio de
Inteligencia Nacional en la que Fujimori resultaba seriamente comprometido, al
menos políticamente. No pudo más y, aprovechando una invitación para asistir a
una cita internacional de mandatarios, huyó al Japón para enviar su renuncia
por fax.
Su lamentable deserción
obligó al Parlamento declararlo moralmente incapaz y suspenderlo de cualquier
responsabilidad pública por 10 años. El vacío político fue cubierto con la
elección del Presidente del Congeso, Valentín Paniagua, como jefe de estado. En
noviembre de 2000 Paniagua asumió un gobierno de transición cuyos objetivos
fundamentales fueron convocar elecciones libres y corregir los vicios dejados
por el fujimorismo. Tras dos rondas electorales, el economista Alejandro Toledo
resultó elegido para el periodo 2001-2006.