EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
El golpe preparó el
camino para uno de los gobiernos militares más ambiciosos de América Latina. La
Junta Militar, presidida por Velasco (1968-1975), declaró de inmediato su
intención de efectuar cambios de largo alcance en las bases de la sociedad y la
economía.
Este nuevo orden, “ni
capitalista ni comunista”, intentaba crear un sistema que aboliera las desigualdades
y creara las condiciones necesarias para la armonía, la justicia y la dignidad.
Toda una incoherencia, pues se intentaba realizar aquello desde el
autoritarismo y, muchas veces, fomentando el odio entre el pueblo y los
“privilegiados”.
Una de las claves del
proyecto fue la reforma agraria en 1969. Todos los grandes latifundios, sin
tener en cuenta su productividad, fueron expropiados. La medida se sintió
primero en las plantaciones de la costa norte y central, muy mecanizadas, que
se colocaron bajo la administración de cooperativas de trabajadores. En la
sierra la idea era crear granjas pequeñas o medianas, pero pronto el gobierno
cedió a las demandas campesinas por organizar allí también cooperativas. Hacia
1975, las ¾ partes de la tierra productiva del país se encontraba gestionada
por estas asociaciones.
En 1971 se creó el
Sistema de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) para vincular al régimen
con las organizaciones campesinas y obreras. En realidad fue un método para
manipular a las masas en beneficio de la dictadura. Una de sus tareas fue
afrontar el problema de las barriadas que se extendían alrededor de Lima y
otras ciudades. Sólo en la capital vivían 750 mil migrantes. La situación era
explosiva y se decidió crear los pueblos jóvenes. Parte de la “solución” fue
repartir títulos de propiedad a los recién llegados.
Este modelo de
organización y movilización desde arriba pretendía establecer las bases de la
industrialización y el desarrollo económico reduciendo el conflicto social. Una
suerte de estado corporativo. Este principio se vio en el sector fabril al
crearse la “comunidad industrial”. La idea era convertir progresivamente a los
trabajadores en copropietarios con los empresarios. En 1974 había 3.500
comunidades industriales con 200 mil obreros que controlaban el 13% de las
acciones de sus empresas.
De otro lado se
emprendió una serie de medidas para reducir el papel del capital extranjero que
controlaba, en 1968, el 44% de la producción industrial. Esto era inaceptable
para los militares. La primera medida fue la nacionalización de la IPC
creándose Petroperú.
Otras compañías, en su
mayoría de capital norteamericano, también fueron expropiadas siendo
reemplazadas por empresas estatales. En 1974 el régimen aceptó, ante la presión
de Washington, pagar 150 millones de dólares a las empresas afectadas. Ahora
Estados Unidos dejaría de oponerse a la concesión de créditos al Perú.
A pesar de su
populismo, la dictadura velasquista encontró resistencia interna. Los gremios
de trabajadores sintieron que las reformas no satisfacían sus demandas y
empezaron a presionar. Los grupos despojados, a su vez, no ocultaron su horror
ante las medidas. La respuesta de los militares fue controlar los medios de
comunicación. Poco a poco se confiscaron los periódicos, la radio y la
televisión. Sin libertad de prensa los adversarios del régimen fueron
intimidados, encarcelados o exiliados.
La situación económica
terminó derrumbando a Velasco. Cayeron las exportaciones (cobre, azúcar y
harina de pescado) y no se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo.
Aumentaron el déficit presupuestal y la deuda externa. Al asomarse la inflación
el descontento popular se manifestó: en 1975 hubo 779 huelgas, incluyendo el
famoso saqueo en el centro de Lima el 5 de febrero favorecido por una huelga
policial.
Un golpe al interior de
las Fuerzas Armadas puso en la presidencia al general Francisco Morales
Bermúdez (1975-1980). Su gobierno buscó corregir el experimento velasquista.
SINAMOS casi desapareció y se negoció con el Fondo Monetario Internacional un
programa de ajuste económico. Se promulgó el Plan Túpac Amaru que anunciaba el
retorno a la democracia, el fomento a la inversión externa y la trasferencia de
la prensa a sus legítimos dueños. Todo debía hacerse progresivamente.
En 1978 se convocó a
elecciones para instalar una Asamblea Constituyente. Presididos por Haya de la
Torre, los constituyentes promulgaron en 1979 una nueva Constitución que debía
entrar en vigencia a partir de 1980. Una de sus novedades fue otorgar el voto a
los analfabetos.
